Lo que dicen las personas expertas

Organizaciones nacionales sobre políticas/salud

En algunas jurisdicciones, las organizaciones que se ocupan de cuestiones políticas y legales relacionadas con el VIH y los expertos en salud y medicina se han sumado a los llamamientos para revisar las leyes existentes y su uso contra las personas con VIH. Entre los esfuerzos realizados están las medidas prácticas, como el desarrollo de principios rectores y la orientación sobre buenas prácticas.

Declaración de Consenso Sobre la Criminalización del VIH, El Proyecto de Justicia Positiva (2014)

Con el respaldo de cientos de organizaciones y personas de todo el país, la declaración señala la existencia de un creciente consenso sobre la necesidad de poner fin al uso de leyes penales especiales dirigidas contra las personas con el VIH por tener relaciones sexuales consentidas o haber “expuesto” al VIH de cualquier otro modo a otra persona. La declaración exige que las leyes y prácticas legales se modernicen de modo que reflejen el estado actual de la ciencia y el conocimiento sobre el VIH.

Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH

Declaración de posicionamiento de las organizaciones integrantes de la Red Mexicana de Organizaciones contra la criminalización del VIH, en la que se pronuncian en contra de cualquier tipo de criminalización de la transmisión de este virus, ya que van en contra de los derechos humanos, y nos coloca a todos en una situación de riesgo y vulnerabilidad frente al VIH. Las

Organizaciones, junto con otros firmantes, implementarán las estrategias necesarias para derogar este tipo de leyes y poner fin a cualquier intento futuro de criminalización.

Consenso sobre la criminalización de la transmisión del VIH

Activistas y asociaciones de todo el estado español vinculadas a la respuesta al VIH/sida nos reunimos el 14 de diciembre de 2010 en Barcelona convocadas por el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH en el marco de la jornada “Ética y responsabilidad en la transmisión del VIH: implicaciones jurídicas y de salud pública”. El objetivo era alcanzar un consenso básico que responda al aumento de voces a nivel local y global que abogan por la criminalización de la transmisión del VIH.