Durante más de una década, la ONU y otros organismos internacionales han reconocido que la criminalización del VIH constituye una preocupación global, haciendo llamamientos a que se revisen los marcos de trabajo legal y la utilización de leyes para abordar el VIH.
En el documento (página 23), se especifica por primera vez que cuando un país solicita que se valide la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH debe exigirse una “No criminalización de la transmisión de madre a hijo”. Se trata de la primera vez en la historia de la salud pública en que la garantía de los derechos humanos se considera un requisito previo a la hora de validar la eliminación de una enfermedad.
Se reafirma la postura de ONUSIDA sobre la criminalización y se realizan recomendaciones específicas para ayudar a que gobiernos, responsables de elaborar políticas, agentes del orden y sociedad civil pongan límite a la aplicación excesivamente amplia de la legislación penal relacionada con el VIH.
En ella se destaca la importancia de que en el derecho penal se cuente con un enfoque coherente y basado en datos empíricos a la hora de abordar temas relacionados con el no revelado del estado serológico, la exposición y la transmisión del VIH. También se insta a los Ministerios de Salud y Justicia, a que los funcionarios de salud pública, los responsables de la elaboración de políticas y otros actores relevantes en el sistema de justicia penal garanticen que la respuesta que se da sea proporcionada al riesgo real de transmisión del VIH.