En el texto se argumenta que la aplicación de la legislación penal en los casos de exposición o transmisión del VIH no sirve para abordar la epidemia de violencia basada en el género o las profundas desigualdades económicas, sociales y políticas que constituyen la base de la desproporcionada vulnerabilidad frente al VIH en la que se encuentran mujeres y niñas.
