En ella se destaca la importancia de que en el derecho penal se cuente con un enfoque coherente y basado en datos empíricos a la hora de abordar temas relacionados con el no revelado del estado serológico, la exposición y la transmisión del VIH. También se insta a los Ministerios de Salud y Justicia, a que los funcionarios de salud pública, los responsables de la elaboración de políticas y otros actores relevantes en el sistema de justicia penal garanticen que la respuesta que se da sea proporcionada al riesgo real de transmisión del VIH.
