Contiene diez razones por las que criminalizar la exposición o transmisión del VIH constituye una política pública injusta e ineficaz. En el texto se argumenta que es poco probable que la criminalización sirva para prevenir nuevas infecciones o reducir la vulnerabilidad de las mujeres frente al VIH. Por el contrario, la criminalización puede perjudicar a las mujeres y tiene un impacto negativo sobre la salud pública y los derechos humanos.
